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Inconvencional militarizar las tareas de seguridad pública de México

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Tlaxcala
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Con Patente de "Corsaria", Ana Lilia Rivera opta por condiciones autoritarias y bélicas para México con voto a favor de la reforma a la Guardia Nacional.

 

La Senadora que preside la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, emitió en sesión de pleno voto en favor de la modificación de diversos artículos de la constitución que delimitaban las funciones del Ejército en tiempos de paz, y que ahora con la reforma a la Guardia Nacional se amplían sus facultades para su desempeño en tareas de seguridad pública.

 

Esta medida va en contra de diversas resoluciones jurisprudenciales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co.I.D.H.) que en múltiples casos ha dictado sentencia en contra del Estado Mexicano por su responsabilidad de graves violaciones a los derechos humanos entre las que mencionan las siguientes:

 

* Caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. México sobre desaparición forzada cometidas por elementos militares en contra de ambientalista

* Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México cometidas por Soldados en contra del sector vulnerable de la población civil.

* Caso Inés Fernandez Ortega y otros Vs. México & Caso Rosendo Cantú Vs México, en referencia a las violaciones a Mujeres indígenas por parte de elementos del ejército 

* Caso Alvarado Espinoza vs México, cuyos hechos cometidos por operativos militares en contra de civiles y dónde el Tribunal Regional de derechos humanos resolvió que los despliegues militares deben ser fiscalizados.

 

Estas sentencias fueron notificadas al Estado Mexicano y los tres poderes conocieron en consecuencia por lo que su primera obligación es resolver en alineamiento a estás decisiones judiciales ya que son vinculantes para México, siendo el Poder Judicial Federal la única Función del Estado que se apego a los criterios jurisprudenciales para una amplia protección a los derechos humanos en México; no obstante el Ejecutivo y el Legislatvo Federal, en específico la facción del hegemón en funciones en el cargo han omitido, por lo que dicha política pública es inconvencional y afecta gravemente a la democracia y a los derechos humanos.