El Gobernador Marco Mena participó en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y funcionarios federales, que encabezaron la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero y la Secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, para revisar la situación de la pandemia de Covid-19 en el país y las condiciones del regreso a las escuelas.

A través de las redes sociales, el Gobernador Mena informó del encuentro virtual, en el que participaron gobernadores y funcionarios federales.

Impartió la ponencia “Las Providencias Precautorias, Incidentes, Tercerías y Ejecución de Sentencia en los Juicios Orales Mercantiles.

Como parte del programa de capacitación incluido dentro del Plan Estratégico 2020-2022, implementado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJE-CJE), Fernando Bernal Salazar, la semana pasada el juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Pedro Muñoz León, participó como ponente en una jornada de capacitación para jueces convocada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

Y es que uno de los objetivos del programa de capacitación, es que los jueces o magistrados que han fortalecido sus conocimientos en las diferentes materias, también participen en los foros nacionales para compartir experiencias y generar una retroalimentación en beneficio de quienes forman parte del Poder Judicial en todas las entidades federativas.

De esta forma, la semana pasada, el juez participó con la ponencia “Las Providencias Precautorias, Incidentes, Tercerías y Ejecución de Sentencia en los Juicios Orales Mercantiles”, donde destacó los beneficios para quienes las solicitan, pues regularmente permiten conservar la materia del litigio y evitan un grave o irreparable daño a las partes o a la sociedad dentro de un proceso.

Y es que a decir del juez, estos instrumentos legales, son esenciales dentro de todo derecho procesal, ya que un uso adecuado de los mismos, evitan que se haga inútil una sentencia de fondo, además de que genera una eficacia práctica.

Como ya se informó, el evento de capacitación fue organizado por la Conatrib y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) dependiente de la Secretaría de Economía (SE), con el objetivo de desarrollar y actualizar las habilidades necesarias para desempeñar el cargo de juez de Proceso Oral Mercantil, mediante actividades teórico-prácticas contenidas en el Programa Nacional de Capacitación para Jueces del Proceso Oral 2020-2021.

La capacitación estuvo dirigida a jueces y personal jurisdiccional de los Estados que forman parte de la Región Centro, integrada por la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

El juez reconoció la respuesta favorables de los interesados, quienes compartieron las experiencias prácticas en el trámite de las figuras jurídicas abordadas, lo que contribuye al mejor desempeño de la actividad jurisdiccional en beneficio de los justiciables.

Por: Norma Mendieta, Cafami

Colectivo por una Migración sin Fronteras

Analicemos palabras como “ilegal” y “mojado”, hasta frases como “seguridad nacional”.

El lenguaje inclusivo busca combatir la discriminación, desalentar juicios y conductas basados en percepciones o estereotipos; y evitar que se refuercen las ideas que permiten que se reproduzcan conductas discriminatorias.

En cambio, cuando a cualquier persona, grupo social, situación o problemática se le define desde los juicios de valor, opiniones, percepciones – basadas en el racismo, la xenofobia y la intolerancia – necesariamente se llega a la discriminación y a la negación de derechos.

En el caso de la población migrante, esto es muy claro con las palabras ilegales, mojados, criminales, el hablar de la migración como un asunto de “seguridad nacional”, pues se genera discriminación, imprecisión e incluso consecuencias jurídicas.

El uso del término “ilegales”, utilizado por la población en general, los medios de comunicación y por muchos funcionarios en los distintos niveles de gobierno, es una forma inadecuada de referirse a una situación migratoria irregular, consistente en la falta de documentos que acrediten su entrada y permanencia en un país. Lo que ha llevado a que el propio migrante se considere a sí mismo como un” ilegal”, por el desconocimiento de que existe la portabilidad de derechos que todos y todas tenemos en cualquier parte del mundo, por el solo hecho de ser personas.

En los Estados Unidos, país a donde mayoritariamente se dirigen los migrantes tlaxcaltecas, el término ilegal ha sido convenientemente adoptado para justificar que por su “ilegalidad” no son sujetos de derechos; y en consecuencia, se les somete a condiciones de explotación laboral al percibir salarios extremadamente bajos y mínimas protecciones en sus lugares de trabajo. También a que se les niegan sus derechos humanos más elementales como el acceso a salud; cuando en los hechos, cubren la necesidad de mano de obra que tienen los empresarios estadounidenses en diversas ramas de su economía.

El uso de la palabra ilegal justifica entonces acciones de explotación, pero también que puedan ser tratados por bandas del crimen organizado como mercancías que serán comercializadas y controladas más allá de la migración misma. Desde el reconocimiento de los derechos humanos en tratados internacionales, ninguna persona en sí misma es ilegal, en todo caso son los actos que realiza los que pueden o no, ser un delito.

Por otro lado, al considerar asunto de seguridad nacional el tema de migración por parte de nuestro gobierno y el de los Estados Unidos, se califica entonces a los migrantes como criminales y una amenaza a la seguridad; de quienes hay que protegerse y mantener una actitud no solamente hostil, sino medidas de control enérgicas y permitir discursos de odio.

La denominación de los migrantes como criminales, es el sustento para la aplicación de manera más agresiva de leyes de inmigración para encontrar, detener y deportar a las personas indocumentadas que viven en territorio estadounidense, independientemente si han cometido crímenes graves o no.

En un lenguaje incluyente se debe reconocer los aportes positivos y diversos que hacen los migrantes a nuestro país y a sus comunidades de origen. Tan solo recordemos que el envío de las remesas es una fuente creciente de financiamiento para el gobierno mexicano, las familias y las comunidades; y lo mismo sucede en Tlaxcala, donde las remesas representan el 3.6% del producto interno bruto y el estado ocupa el lugar número 12 en el país por el grado de dependencia de su economía con respecto a las remesas.[1] Y sobre todo, son el sustento para miles de familias que de no recibirlas vivirían en condiciones de pobreza o pobreza extrema como sucede con muchos mexicanos.

El lenguaje incluyente se requiere para tratar a los migrantes deportados no con el estigma de que los deportaron por ser criminales; sino que promueva una integración comunitaria en armonía y respeto lejos de prácticas de bullying, con miras a eliminar las manifestaciones de discriminación.

Por todo lo ya señalado es indispensable modificar códigos lingüísticos que obstaculizan el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades para las personas. Para sustituirlas por palabras inclusivas en el lenguaje tan necesarias para eliminar la exclusión de grupos y personas.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento y al Plan Operativo de Atención al Público implementado por la dependencia.

Producto de la continuidad a las acciones del Plan Operativo de Atención al Público, implementado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para recuperar espacios y habilitarlos para el beneficio de la sociedad, la Agencia del Ministerio Público ubicada en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi ha fortalecido la atención de las denuncias a través de la mediación.

Durante la gira de trabajo que realizó el titular de la PGJE, José Antonio Aquiahuatl Sánchez en el municipio referido constató que la restructuración de la Agencia del Ministerio Público que se hizo con anterioridad en coordinación con el presidente municipal Miguel Muñoz Reyes, ha generado resultados en la atención de las indagatorias, permitiendo a la ciudadanía la agilización de los trámites.

Comentó que la sala de mediación ofrece a las familias de la región la posibilidad de llevar a cabo mediaciones y conciliaciones en un espacio destinado exclusivamente para dicho fin; en tanto, el área para la recepción de denuncias y el trámite de las investigaciones, se transforma en el lugar acorde para cada una de las tareas del Agente del Ministerio Público.

Agregó que esta tarea brinda la oportunidad de resolver conflictos a través de la mediación brindando acompañamiento a los involucrados para alcanzar acuerdos reparatorios.

Lo anterior gracias al trabajo que realizan facilitadores de los mecanismos alternativos de solución de controversias quienes a través de la justicia alternativa han atendido cada Carpeta de Investigación concluyendo cada una de estas a través de la mediación evitando la judicialización.

De la misma manera, José Antonio Aquiahuatl Sánchez recordó que es indispensable trabajar de manera coordinada con diferentes instancias de gobierno, lo que permite obtener resultados que favorezcan la atención al público.

Asimismo, aprovechó para reiterar que al interior de la dependencia se trabaja para mejorar la atención al público, “por ello continuaremos trabajando en diferentes escenarios, desde los municipios hasta otras instancias jurídicas y gubernamentales, para fortalecer y consolidar acciones que garanticen a la ciudadanía, instalaciones y un trato digno”.

Cabe destacar que el titular de la PGJE visitó también la Agencia del Ministerio Público de Chiautempan donde atendió a la ciudadanía quien acudió para conocer el curso de las indagatorias respectivas, obteniendo resultados favorables en la resolución de cada caso.

El exconsejero electoral consideró que todos deben involucrarse para contrarrestar la violencia política en contra de las mujeres.

Como parte de las actividades encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres, el pasado 25 de junio en el marco del “Día Naranja” que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a través de la Unidad de Igualdad de Género, el exconsejero del entonces Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), Fernando Valdez Zainos, impartió una conferencia denominada “La violencia política de género”, en la que destacó que se requiere que todos los sectores sociales se involucren para contrarrestar este flagelo.

A través de una plataforma virtual y de las redes sociales del Poder Judicial de Tlaxcala, el destacado académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), afirmó que la celebración que se efectúa el 25 de cada mes, debe representar un llamado a todos los seres humanos que crean en la democracia, en los derechos humanos y en el orden constitucional para emprender acciones reales.

Y es que precisó que, el poder y la política han sido históricamente masculinizados, pues el poder ha sido señalado de manera moralista como algo incorrecto y la política como consecuencia misma por ser un espacio de lucha por el poder, lo que dio pie a establecer que quienes tenian derecho social y generalmente aceptado para competir por el poder, eran los hombres.

Destacó que si la democracia es conflicto y tiene reglas establecidas que deben garantizar certeza, legalidad, igualdad, equidad y transparencia, estos elementos no deberían verse con un carácter sexista o mucho menos sesgado para buscar la limitación política de las mujeres, debido a que la democracia es ante todo la resolución pacífica de un conflicto.

Valdez Zainos consideró que la violencia política por razón de género, compromete todas aquellas acciones u omisiones, que se dirigen a la persona en razón de su género, y que tienen un impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas desproporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos políticos electorales, incluso, en el ejercicio de un cargo público.

En representación del magistrado presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura del Estado, Fernando Bernal Salazar, la titular de la Unidad de Igual de Género, Patricia Eunice Vázquez, agradeció la participación del ponente y de los asistentes a la conferencia con la que se busca sensibilizar a todos los sectores de la sociedad para erradicar la violencia política por razón de género.